Los maltratos a la infancia son una constante histórica que se produce en todas las culturas, en todas las sociedades y en cualquier estrato social. Este fenómeno provoca importantes y perdurables efectos sociales, físicos y psicológicos, tanto a corto como a largo plazo, y lejos de creer que se tratan de hechos aislados, debemos comprender que este delito ocurre en mayor proporción dentro de la familia. Esa institución que debería ser sinónimo de protección, afecto y cuidado.
Los delitos sexuales son una forma de maltrato infantil donde se involucra a un niño, niña o adolescente y mayores de edad en actividades sexuales de cualquier tipo, utilizando para esto la seducción, la manipulación, el engaño, el chantaje, o bien, mediante amenazas o fuerza, es decir todo acto que atente contra la libertad sexual de cualquier persona, se da en una relación desigual, donde hay abuso de poder (Barudy, 1998).
Este tipo de conductas son hechos delictuales graves que se encuentran fuertemente sancionados en el sistema penal chileno. Es así que el abuso sexual infantil en el último tiempo se ha vuelto una problemática muy generalizada en Chile, además de las devastadoras consecuencias que genera tanto en el desarrollo emocional, como social, físico y sexual no solo del niño o niña que ha sido víctima sino también de su entorno más directo, es decir, para su familia (UNICEF, 2011)
Para hacer frente a esta problemática, las sociedades han desarrollado innumerables campañas de prevención respecto al abuso sexual, focalizándose principalmente en las instituciones educacionales, sin embargo, esto no ha generado los resultados deseados, ya que hoy se sigue escuchando diariamente noticias relacionadas con el abuso sexual en diferentes contextos, lo que ha sido avalado con el aumento de denuncias en Fiscalías, Carabineros y Policías de Investigaciones entre otras (UNICEF, 2011)
