En términos jurídicos, la sucesión por causa de muerte, es un modo de hacer nacer el dominio, mediante la transmisión del patrimonio de una persona o de bienes determinados, a favor de otras personas, también generalmente determinadas. Fallecido el causante y abierta la sucesión, sus herederos o legatarios, adquieren tanto los derechos reales o dominio sobre una cosa corporal, o facultades que tenía éste para usar, gozar y disponer sobre ella, como de los derechos personales, o créditos, que son la facultad para pedir de ciertas personas, una obligación correlativa, como el cumplimiento en el pago de un crédito, o el pago de una multa cursada por el Servicio de Impuestos Internos, en adelante también SII.
Importante señalar que no todos los bienes que componen el patrimonio del causante son transmisibles o heredables. La ley en general señala que no son transmisibles ciertos derechos, que genéricamente se les conoce como derechos personalísimos, que son aquellos que la doctrina jurídica declara que no son objeto de transmisión, ni pueden ser cedidos. Estos derechos son inherentes a la persona, nacen por la persona y muchas veces con la persona, aunque genéricamente se les asocia a los derechos extra patrimoniales, o sea aquellos que están más allá del concepto de patrimonio. Hay algunos derechos que sin perjuicio de ser parte del patrimonio, son personalísimos y por ende no objeto de trasmisión ni cesión. A modo de ejemplo de lo anterior, el derecho de una persona de pedir alimentos a otra, el derecho del usufructuario a la muerte del mismo, son derechos personalísimos y por ende no trasmisibles ni cedibles. Lo que más caracteriza a este modo de adquirir el dominio, es el ser un modo de carácter gratuito, lo que implica que quien lo recibe no desembolsa por dicha obtención, esto sin perjuicio del pago que eventualmente pueda realizar del impuesto a la herencia, pero en este caso, es el Estado que, en uso de sus facultades potestativas, grava dicha obtención.
